La justicia chilena ha dictaminado que los herederos de Augusto Pinochet, líder del régimen militar (1973-1990), deberán restituir 16 millones de dólares al Estado de Chile. Esta decisión, de primera instancia, responde a una demanda por "provecho del dolo ajeno" presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ha buscado por siete años la devolución de los fondos malversados por el dictador.
El fallo del Séptimo Juzgado Civil de Santiago se produce tras una investigación de 12 años, conocida como el "caso Riggs", que reveló el origen ilícito de 17,8 millones de dólares de la fortuna de Pinochet. Aunque el máximo tribunal ordenó el decomiso de 1,6 millones de dólares en 2018, una parte significativa del dinero no pudo ser incautada debido a la prescripción por el fallecimiento de Pinochet en 2006, quien murió sin ser condenado por estos hechos. Ante esta situación, el CDE impulsó la demanda civil para que sus sucesores, incluyendo a su fallecida viuda Lucía Hiriart y otras 15 personas, asumieran la responsabilidad por los fondos de los que se beneficiaron.
El tribunal ha sido claro al establecer que, si bien la responsabilidad penal no pudo hacerse efectiva, está "acreditado que [Pinochet] incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos". Se estima que sus ingresos sin justificación ascendieron a más de 17,8 millones de dólares, provenientes de fondos reservados asignados a la Presidencia de la República, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército. El
Esta resolución es un avance significativo en la recuperación de los recursos públicos, como ha celebrado Raúl Letelier, presidente del CDE, destacando el esfuerzo por "reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos".
Mientras la justicia avanza en la recuperación de estos dineros, las revelaciones sobre la corrupción asociada al régimen de Pinochet contrastan fuertemente con la postura de figuras políticas que aún reivindican su legado. Para sectores como el representado por José Antonio Kast, estas sentencias y pruebas de malversación no parecen generar vergüenza ni cuestionamiento a su apoyo, evidenciando una persistente desconexión con la rendición de cuentas por los crímenes económicos de la dictadura.
El fallo, que aún puede ser apelado, añade un nuevo capítulo a la trama de corrupción descubierta inicialmente en 2004 por una subcomisión del Senado de Estados Unidos. Esta decisión judicial llega además en un momento de tensiones internas en la familia Pinochet, que mantiene una pugna por la herencia de propiedades, sumando complejidad a la ya controvertida figura del dictador.
